La Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, señaló que en seguimiento a lo ocurrido en el Corredor Interoceánico, a la fecha 145 personas, es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, recibieron de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal para avanzar en la resolución el caso.
“Estos acuerdos, contemplados en la Constitución y en la ley, ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas, a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño, accediendo a medidas que compensen la afectación ocasionada”.
En un video mensaje dijo que la FGR al privilegiar en todo momento la protección de las víctimas y los ofendidos, cumplió con sus funciones constitucionales y legales, orientada por los fines del proceso penal relativos al esclarecimiento de los hechos, la protección de las personas inocentes, procurando que los culpables no quedaran impunes y que los daños causados por los delitos cometidos fueran reparados.
Asimismo indicó que como resultado de las indagatorias, dichos ministerios públicos, luego de integrar cuatro carpetas de investigación, se acreditó la culpabilidad del maquinista, conductor y jefe de despacho por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
“Razón por la cual la investigación se llevó ante un juez oportunamente, con lo que se obtuvieron órdenes de aprehensión y de cateo. Posteriormente, se desarrolló la audiencia inicial en la que se obtuvieron autos de vinculación a proceso. Por lo que hace al delito de daño en bienes, la empresa decidió otorgar el perdón de parte ofendida”.
La fiscal descartó el delito de ataques a las vías generales de comunicación, de acuerdo con los dictámenes periciales realizados en materia de arquitectura e ingeniería civil, así como con el de seguridad industrial. “Después de una minuciosa inspección y toma de muestras, con el que se comprobó que en el punto del siniestro, la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplen con la norma”.
En lo que se refiere a los delitos de uso ilícito de atribuciones y de servicio indebido del servicio público, también se rechazó con base, apuntó, en la información debidamente proporcionada por la empresa ferroviaria, así como por el análisis de seis auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y otras seis auditorías y cinco expedientes de investigación ya concluidos por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno relativos a 41 contratos públicos relacionados con la vía, adquisición del material moviente y el mantenimiento a ambos, en todos los casos sin observaciones penales que denunciar por ambas dependencias.
“Además, con las diligencias ministeriales y periciales en materia de ingeniería y arquitectura, topografía y seguridad industrial, se corroboró que la calidad de los elementos de la vía en el punto del siniestro y de las condiciones de las locomotoras y vagones cumplen con la norma aplicable”.
FUENTE: LA JORNADA.
