Arma que usó estudiante para asesinar a dos maestras en Michoacán es ilegal, afirma fiscal estatal: padrastro del menor es marino

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El arma que utilizó Osmar ‘N’, adolescente de 15 años que asesinó a María del Rosario Chávez y Tatiana Madrigal, dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, entró a México de forma ilegal, confirmó el Fiscal General estatal, Carlos Torres Piña.

El fiscal indicó que las autoridades entevistaron al padrastro y a la mamá del menor, quienes afirmaron que el arma no es de su propiedad, a pesar de que el adolescente insiste en que la sustrajo de su casa.

Recalcó que hasta el momento no se ha determinado cómo obtuvo el arma; sin embargo, se detectó que no tiene registro y en un rastreo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), se determinó que entró al país de forma ilegal.

“Se hizo una entrevista a los padres, a, a su padrastro y a su mamá, y ellos señalan que no, no es propiedad ni es de ellos. Eh, y él solo hace referencia que la sustrajo de su casa. No nos ha señalado cómo la pudo haber adquirido o de dónde la pudo haber, este, eh, pues, o quién se la entregó, quién se la prestó.

“No tiene registro. Ya solicitamos a la SEDENA. Se hizo el rastreo si había algún alo o algún permiso, tanto de autoridades municipales, estatales o federales, y no, no tiene registro. Es un arma que entró de manera ilegal a, a este país”, dijo Torres Piña en entrevista con Azucena Uresti, para Radio Fórmula.

El fiscal estatal confirmó que el padrastro del menor señaló que es elemento de la Secretaría de la Marina y que incluso está “dentro de sus generales”.

“Es lo que hace referencia, que trabaja en esa institución dentro de esta entrevista y dentro de sus generales”, mencionó.

En este sentido, insistió en el cuestionamiento entorno a la procedencia del arma. A esto sumó que la Fiscalía estatal solicitará en la audiencia inicial que el menor sea acusado de tres delitos: feminicidio, portación de armas de fuego y cartuchos.

Agregó que el adolescente se reservó el derecho a declarar, “en presencia de la Defensoría Pública”, de las autoridades locales, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Víctimas, así como de la mamá del menor.

No obstante, el fiscal indicó que “sí se hicieron algunas entrevistas por las áreas psicológicas” y periciales”, pero no se considerarán una declaración oficial.

“Serán en el contenido del documento las que se tendrán que integrar, no como una declaración oficial, pero sí como una entrevista que se realizó”, precisó.

FUENTE: INFOBAE.

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