En poco más de un año de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno federal ha otorgado servicio de escoltas a 103 funcionarios públicos, una cifra que representa casi una tercera parte del total concedido en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La asignación de escoltas ocurre en medio de un escenario de violencia que ha cobrado la vida del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado el 1 de noviembre de 2025, así como los recientes ataques contra diputados de Movimiento Ciudadano en el estado de Sinaloa.
De acuerdo con información obtenida vía transparencia por El Sol de México, desde el 1 de octubre de 2024, cuando inició la actual administración y hasta el 7 de enero de 2026, un total de 103 funcionarios han recibido servicios de protección personal. La Dirección General de Servicios de Seguridad no detalló nombres ni cargos alegando cuestiones de seguridad.
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Tras el asesinato de Manzo, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reveló el 11 de noviembre de 2025 durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, que 70 funcionarios tenían escoltas por seguridad. “No se han recibido en los últimos días una gran cantidad de solicitudes y demás, pero estamos atentos”, declaró.
Desde entonces, la administración concedió 33 servicios más de protección a funcionarios públicos.
De acuerdo con Trevilla, primero existe una solicitud, se lleva a cabo un análisis de riesgos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana da su opinión, se establece el nivel de riesgo y se proporciona el servicio.
La Dirección General de Servicios de Seguridad informó que los 103 servicios otorgados incluyeron vehículos, lo que generó ingresos al gobierno federal por 450 millones 947 mil 947 pesos con 84 centavos.
Según el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se autorizaron las tarifas de productos y aprovechamientos del Servicio de Protección Federal (SPF) vigentes, los automóviles que se utilizan en función de seguridad son vehículos 4×4 tipo Pick Up o SUV balizados.
Escoltas en el sexenio de AMLO
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se otorgaron 315 servicios de escoltas en total, de los cuales 311 fueron para funcionarios públicos y únicamente cuatro para personas del sector privado.
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En el periodo de 2018 a 2024, la distribución anual de servicios fue la siguiente:
- tres en 2018
- 74 en 2019
- 54 en 2020
- 68 en 2021
- 46 en 2022
- 36 en 2023
- 30 en 2024
Por los 311 servicios concedidos a funcionarios, la federación cobró 215 millones 107 mil 557 pesos, mientras que los cuatro servicios otorgados a particulares generaron ingresos por cinco millones 247 mil 169 pesos.
Durante su mandato, López Obrador reiteró en diversas ocasiones que su gobierno no abusaría del uso de escoltas y, como parte de esa postura, retiró la seguridad a exfuncionarios que aún contaban con protección financiada con recursos públicos.
Escoltas en el sexenio de Peña Nieto
En contraste, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 171 solicitudes de escoltas, todas aprobadas, de estas, 168 correspondieron a funcionarios públicos y tres a personas del sector privado.
Con más de cuatro años por delante en la administración de Claudia Sheinbaum, el número de servicios otorgados está a solo 68 de superar el total registrado durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Del total de las contrataciones de seguridad en el sexenio de Peña Nieto, 150 servicios incluyeron vehículos. De acuerdo con la información oficial, los ingresos generados por la prestación de estos servicios ascendieron a mil 321 millones 800 mil 739 pesos.
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La dependencia encargada de la protección federal sostiene que la asignación de escoltas no es automática. Cada solicitud es sometida a un análisis de riesgo en el que se consideran factores como el área de desempeño del solicitante, sus antecedentes y el contexto particular en el que se encuentra.
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Señaló que no podía proporcionar la identidad de las personas solicitantes o beneficiarias, al considerar que la difusión de esos datos vulneraría las cláusulas de confidencialidad de los instrumentos jurídicos que regulan este tipo de servicios.
FUENTE: EL SOL DE MEXICO.
